Para adentrarse en el análisis del alineamiento geopolítico y simbólico del gobierno de Javier Milei resulta indispensable emprender, en primer término, un ejercicio de rigor teórico que ponga a resguardo el análisis histórico de la simplificación mediática y de las manipulaciones del discurso oficial. La disputa pública suele confundir deliberadamente nociones que obedecen a dimensiones completamente heterogéneas: la condición de semita (que remite a una vasta familia lingüística y etnocultural de Oriente Medio que abraza tanto a árabes como a hebreos); la figura del hebreo como el pueblo de la Antigüedad y matriz de la lengua milenaria; el término israelita, ceñido al plano bíblico de las doce tribus; la adscripción al judaísmo, que constituye un sistema teológico, ético y cultural de siglos, plural y diverso en sus vertientes; la ciudadanía israelí, que expresa una condición jurídico-civil y de nacionalidad en el Estado moderno fundado en 1948; y, finalmente, el sionismo, que no es otra cosa que un movimiento ideológico y un proyecto político-estatal nacido a fines del siglo XIX.
Trazar con nitidez esta frontera conceptual es el primer paso para comprender que no estamos ante un debate espiritual, sino ante la construcción de un relato de legitimación del poder.
En la figura de Javier Milei no nos encontramos frente a la práctica orgánica de una fe comunitaria ni ante un ejercicio de piedad teológica. Su aproximación a la ortodoxia jasídica —particularmente a través de la corriente Jabad Lubavitch— opera de un modo estridente, profano e instrumental. Se trata, en rigor, de la adopción dogmática de la vertiente más extrema del sionismo político y de una subordinación irrestricta a la política exterior del Estado de Israel y a los intereses estratégicos de Washington. El despliegue de la simbología bíblica en la escena pública nacional no responde a una búsqueda trascendente, sino a la puesta en escena de una narrativa de choque geopolítico. Analizar críticamente el uso que el Poder Ejecutivo hace de este marco no constituye una agresión contra la fe del pueblo judío; por el contrario, desarmar esa confusión deliberada es la única garantía para resguardar la verdad histórica de las manipulaciones del aparato estatal.
Desde una lectura materialista de nuestra historia, esta sobreexposición religiosa esconde un cálculo geopolítico, económico y doctrinal profundamente estructurado, que puede desglosarse en tres ejes fundamentales:
1. La operación política: Mística teológica para el despojo terrenal
El alineamiento incondicional con el gobierno de Israel y con el ala neoconservadora del Partido Republicano estadounidense —donde convergen el sionismo político y el evangelismo norteamericano— le otorga al proyecto de Milei la inserción formal en una red transnacional de financiamiento, think tanks y validación diplomática. Pero existe un uso doméstico aún más insidioso: la constante apelación a las «fuerzas del cielo» busca dotar de un halo de sacralidad a un programa económico centrado en el ajuste salvaje y la licuación sistemática de los ingresos populares. La fe se convierte así en un artefacto retórico para blindar la gestión terrenal; cualquier crítica a la pauperización social o a la pérdida de soberanía es adjetivada como «malicia» o tributaria de las «fuerzas de la oscuridad». Se trata del viejo recurso de sacralizar la política para volver inexpugnable el privilegio.
2. La dimensión económica: Extractivismo, laissez-faire y nueva dependencia
La contrapartida terrenal de esta alineación geopolítica es la cesión de la soberanía territorial y el control de los bienes estratégicos a los centros de poder occidental. La facilitación de concesiones en los recursos pesqueros, el litoral marítimo, el litio del Norte o las cuencas acuíferas inscribe a la Argentina en un esquema de provisión de materias primas a bajo costo para el eje Washington-Tel Aviv. Esta lógica de subordinación encuentra su arquitectura jurídica en instrumentos como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), concebido para garantizar la rentabilidad del capital transnacional sin exigencia alguna de desarrollo local, transferencia tecnológica o liquidación de divisas. Al mismo tiempo, este sobreactuado fervor diplomático opera como un salvoconducto para negociar prórrogas y refinanciaciones ante el Fondo Monetario Internacional y los fondos de inversión, ofreciendo como garantía de pago la propia soberanía nacional.
3. La paradoja de la entrega: El anarcocapitalismo como vaciamiento del Estado
La entrega de tierras, mares y derechos sociales que atestiguamos no es un desvío, sino la consumación lógica de la matriz doctrinaria anarcocapitalista. Para esta concepción, la noción misma de soberanía nacional constituye un estorbo para el libre flujo del capital. El territorio y las vías navegables son reducidos a meros activos financieros en venta al mejor postor. La parálisis premeditada de la obra pública y el repliegue del Estado en zonas neurálgicas —como la Patagonia o el Atlántico Sur— allanan el camino para el ingreso de capitales extranjeros sin control ni fiscalización. Finalmente, la erosión de los derechos laborales y la destrucción del bienestar social se revelan como la condición necesaria para abaratar el costo del trabajo local, ofreciendo una mano de obra precarizada e informal al servicio del modelo agroexportador y del extractivismo transnacional.
En última instancia, el fenómeno de la administración actual nos devuelve a una constante de nuestra historia: la búsqueda, por parte de las élites locales, de una legitimación externa que reemplace la falta de consenso interno, vistiendo con ropajes de cruzada espiritual o ideológica lo que en el fondo es la vieja y conocida entrega de la patria.
